Lima, 22 mayo de 2026 — A pocos días del relevo en el ejecutivo, un panel de alto nivel reunido en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) lanzó una advertencia inequívoca: el Perú se encuentra en una encrucijada histórica en la que el fortalecimiento de su arquitectura regulatoria definirá el rumbo del desarrollo del país por las próximas décadas.

El conversatorio Regulación y Sostenibilidad en el Perú: Desafíos para Fortalecer la Institucionalidad, organizado por la Red Latinoamericana de Servicios Públicos y Regulación – iniciativa conjunta de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia – convocó a los presidentes ejecutivos de Sunass, Mauro Gutiérrez, Ositran, Verónica Zambrano, y Osiptel, Jesús Guillen, junto con Manuel Gerardo Flores, Coordinador del Programa de Política Regulatoria de la OCDE para América Latina. El evento contó también con la asistencia de legisladores electos del próximo Congreso.

El «espejismo normativo»: fortaleza en el papel, fragilidad en la práctica

El conversatorio abrió con un diagnóstico contundente sobre la brecha entre el marco legal y la realidad operativa de los reguladores peruanos. Si bien la normativa vigente garantiza formalmente la independencia de los organismos reguladores, con directivos elegidos por concurso y mandatos fijos , en la práctica esa autonomía enfrenta una erosión silenciosa y sistemática.

El debate identificó unas tensiones concretas en torno a la función del regulador y el rol político de los ministerios, el establecimiento de techos presupuestales y disposiciones de austeridad, debilitan r la autonomía y el rol de los organismos de regulación, pues limitan su capacidad de competir por talento, e impacta el ejercicio de sus funciones desde la sofisticación que exige su rol. Lo anterior, aunado al reciente mandado de transferir saldos financieros propios hacia el tesoro, impacta la visión de mediano y largo plazo para seguir consolidando la entidades y una estructura eficientes que responda a las necesidades de los usuarios y agentes.

«La ley le exige al regulador ser un guardián implacable de mercados multimillonarios y complejos, pero la práctica administrativa le ata las manos», señaló Flavio Ausejo en la sesión de apertura. «Al debilitar al regulador, su capacidad técnica cae drásticamente. Una agencia sin recursos no puede producir la evidencia de alta calidad que el análisis de impacto regulatorio exige.»

La OCDE alerta: los retos de mañana ya llegaron hoy

Manuel Gerardo Flores presentó el panorama global desde la OCDE, identificando dos grandes fronteras para la regulación del futuro: el uso intensivo de datos y la regulación basada en riesgo. Señaló que la inteligencia artificial abre oportunidades inéditas para construir perfiles de riesgo de operadores, interconectar bases de datos fragmentadas y tomar decisiones regulatorias con mayor precisión y menor costo. 

Flores advirtió también sobre el problema de la acumulación normativa – las regulaciones heredadas – que asfixia la competitividad de las empresas y eleva los costos de inversión, trasladándose finalmente al ciudadano. «No hay evidencia de que la fusión o eliminación de reguladores lleve a un mejor desempeño […] Y la evidencia sugiere que en la medida que haya un regulador fuerte, independiente, autónomo, es en la medida que se provea promover la inversión y los servicios públicos de calidad a los ciudadanos.»

Un mensaje directo a las nuevas autoridades

El conversatorio cerró con un llamado explícito a quienes asumirán responsabilidades de gobierno el próximo 28 de julio, incluidos legisladores electos presentes en la sala. El mensaje fue directo: antes de tomar cualquier decisión sobre los organismos reguladores, pregunte, investigue y entienda por qué existen.

Los panelistas coincidieron en que la tentación de intervenir políticamente en los reguladores, ya sea fijando tarifas con criterios electorales o recortando su autonomía en nombre de la eficiencia, no genera ahorro ni beneficio ciudadano: genera escasez, paraliza la inversión privada y deteriora los servicios esenciales. Un regulador técnico e independiente puede resultar incómodo para la política de turno, pero es precisamente esa incomodidad la que protege el bienestar de largo plazo de la población.

La transición de poder del 28 de julio no debería significar un retroceso institucional, sino el inicio de un ciclo en el que los organismos reguladores cuenten con la autonomía real – presupuestal, organizacional y normativa – para atender los desafíos que ya están sobre la mesa.

La integración entre reguladores, Estado y la academia

Espacios de diálogo como este conversatorio son fundamentales en un momento en que las decisiones que se tomen en los próximos meses definirán el rumbo institucional del país por años. Reunir en una misma mesa a organismos reguladores, expertos internacionales y legisladores electos no es un ejercicio académico: es un acto de responsabilidad pública. La Red Latinoamericana de Servicios Públicos y Regulación reafirma su compromiso de seguir generando estos puentes entre el conocimiento técnico y la toma de decisiones, convencida de que una regulación más inteligente, autónoma y basada en evidencia es una condición no negociable para el desarrollo sostenible del Perú y de la región.

Puedes ver el conversatorio completo aquí: https://youtu.be/arKjehPdx-k?si=dBEDEwKivCOiduHA