La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP estuvo presente a través de Mijail Vizcarra, coordinador del Programa de Especialización en Gestión de las Contrataciones del Estado – Ley N° 32069, en el IV Congreso Iberoamericano de Contratación Pública en Cali, Colombia, coorganizado por la Universidad de San Buenaventura de Cali y en colaboración con la Organización de Estados Americanos y la Red interamericana de Compras Gubernamentales. 

Como exmiembro del Consejo Directivo del OECE, Vizcarra participó en el panel Profesionalización e integridad del sector privado : avances y desafíos de la hoja de ruta para la transparencia en la contratación pública con especialistas de Colombia y Ecuador para analizar los resultados de la encuesta de percepción del sector privado sobre la contratación pública en los tres países.

Un cambio de mirada: del control al aliado

Mijail Vizcarra sostuvo que la contratación pública se ha concentrado en fortalecer a la entidad estatal y ha descuidado al proveedor. Explicó que la reforma normativa peruana ha sido positiva, pero que aún no ha traducido ese avance en mayor confianza. Por eso propuso una relación de beneficio mutuo, en la que la entidad cumple su objetivo público y el proveedor desarrolla un negocio legítimo.

“En contratación pública siempre nos hemos concentrado en la entidad pública […] en tratar de que el Estado tenga mejores herramientas para poder lograr el objetivo público, dar valor y dar servicio a la ciudadanía. Pero no estamos viendo el otro lado: al proveedor. Ese ganar ganar que implica que tanto entidad pública como proveedor puedan lograr que ambos se beneficien”, afirmó Vizcarra.

Entre las herramientas de la reforma, destacó la homologación. La cual refiere a que las características técnicas de lo que el Estado comprará es definido por la política pública. Así la entidades públicas ya no definen individualmente sus especificaciones, sino que eligen entre fichas aprobadas tras un debate con la academia, los gremios y las áreas técnicas. Como ejemplo mencionó el arroz fortificado, cuya ficha se construyó junto con el sector privado y con la garantía de una demanda mínima por parte del Estado para combatir la anemia.

Mijail Vizcarra cerró su intervención con una idea que resume su planteamiento: “La transparencia no se logra desconfiando más del proveedor, sino haciendo que le convenga más ser íntegro y competente”.

Los pendientes

El especialista identificó los desafíos que quedan en el Perú. Por un lado está la trazabilidad. La ley exige que el registro de proveedores integre información de RENIEC, de la administración tributaria y de registros públicos, pero la interoperabilidad de esas plataformas requiere inversión y tiempo. Por otro lado, aún faltan implementar los incentivos. La norma contempla premios por entrega anticipada de obras, por prácticas ambientales y por el buen desempeño del proveedor, que funciona como una calificación por estrellas. La norma lo dice, falta que la operatividad se implemente.

La formación del proveedor también es una deuda pendiente. Existe oferta formativa para que las entidades compren, pero casi ninguna para que los proveedores aprendan a vender al Estado. Finalmente, resaltó la importancia de la integridad. El especialista pidió que los pactos de integridad y las cláusulas anticorrupción dejen de ser un trámite y se conviertan en una regla de valor.

“Se implementaron pactos de integridad, cláusulas anticorrupción, pero que son solo formatos. Solo cláusulas que lleno porque si no las lleno, entonces no paso de la siguiente etapa licitatoria, pero no hay esa conciencia, lo importante que es tener esas cláusulas y poder implementarlas”, afirmó.

El debate internacional de Colombia y Ecuador

Andrés Altamirano, coordinador del Observatorio de Contratación Pública de Ecuador, sostuvo que la confianza del empresario todavía no se ha ganado. Valoró el nuevo canal de denuncia del Servicio Nacional de Contratación Pública, pero planteó que debe complementarse con indicadores de riesgo de corrupción, o “banderas rojas”, integrados al sistema transaccional que el país busca modernizar. Para él, el proveedor es el principal interesado en verificar un proceso y denunciar irregularidades, por lo que necesita acceso directo a esa información. Propuso además definir metodologías claras de valor por el dinero, transparentar al beneficiario final para prevenir conflictos de interés y lavado de activos, y repetir la encuesta de percepción para medir los avances. 

Gerardo Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, reconoció a Colombia Compra Eficiente como un avance importante para el país, pero advirtió riesgos estructurales que persisten. En su intervención identificó tres: el uso excesivo de la contratación directa, la contratación de recursos públicos fuera de mecanismos competitivos mediante regímenes especiales y fondos extrapresupuestales, y los llamados “contrataderos”, figuras legales que permiten contratar por vías privadas poco visibles. 

Hernández añadió que hay pocos datos sobre el comportamiento del sector privado y pidió volver a medirlo con una nueva encuesta. También advirtió que conviene distinguir entre las empresas legítimas y las personas jurídicas creadas como vehículos de corrupción, que requieren una respuesta distinta. Los panelistas coincidieron en que el Estado define las reglas de juego y que la confianza exige esfuerzos de ambos sectores. 

La Escuela en el debate regional

La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP continuará participando en espacios de diálogo que permitan intercambiar experiencias y fortalecer el conocimiento sobre las contrataciones públicas. Esta participación responde a su compromiso con la academia y con ofrecer una formación de calidad, actualizada y vinculada a los desafíos de la gestión pública.